Durante tres siglos de Colonia española y dos de República, se  impuso una especie de feudalismo en el uso de la tierra que nos mostró  un indicador de concentración de la posesión agraria del siguiente tenor: en 1984, de los dos millones y medio de poseedores, un 0,5 de ellos, 11.000 tenían el 32% de la superficie predial. Indicador muy alto que refleja cinco siglos de feudalismo en nuestro mundo rural.

Sin embargo, y en sólo 17 años, para el año 2001, el 0,4% de los poseedores, más de 10.000, ya concentraban el 62% de la superficie predial registrada. Es decir, ¡en menos de dos décadas duplicaron lo que hizo el feudalismo en cinco siglos! La razón no fue otra que el cambio de estrategia en el lavado de activos de los narcotraficantes. Éstos, desde 1983, dejaron de blanquear dólares en los bancos panameños y pasaron a hacerlo comprando tierras en Colombia.

Estudios de la Contraloría muestran que aproximadamente seis millones de hectáreas muy valiosas y fértiles pasaron a manos de la mafia. Cifra que explica la mayor parte de crecimiento de la superficie controlada por los más grandes propietarios de tierras. Por eso no es una calumnia afirmar que la mayor parte de la superficie cultivable de Colombia está en manos de la mafia.

Tal situación provoca varios efectos: En primer lugar, el desplazamiento de millones de campesinos. En segundo lugar, el fortalecimiento de ejércitos privados y, en tercer lugar, el aumento de la violencia con miles de fosas comunes. Además de un uso irracional de la tierra. La tierra para cultivar alimentos se dedica a grandes praderas donde además de algunas vacas, pasean varias reinas de belleza.

Colombia podría cultivar en 12 millones de hectáreas y generar un millón seiscientos mil nuevos empleos. Hoy, sólo lo hace en cuatro. Simplemente se acabaría la miseria y estos nuevos empleos serían de calidad si aumenta la productividad, estancada durante toda la administración Uribe, tal como lo muestran las cifras desagregadas del PIB.

Bajo esta realidad agraria se ha aprobado un TLC que, en el capítulo agrario, establece unas condiciones de competencia en los que ganan unos y pierden otros. Los perdedores son los productores de alimentos cereales, con gran porcentaje de nutrientes: arroz, trigo, maíz y otros. No pueden competir porque sus precios son más altos que la producción subsidiada en EU.

Los ganadores son los llamados cultivos de tardío rendimiento: palma africana, caucho, frutales, bosques maderables. Los perdedores son el sector social que cultiva alimentos: campesinos y pequeños y medianos empresarios. Precisamente los que han retrocedido por el impulso narcotraficante.

En el segundo caso el sector que gana es el que puede cumplir dos condiciones: una gran liquidez para resistir cinco, diez y hasta 20 años entre el momento de la siembra y la producción o grandes extensiones de tierra. No se cultiva un bosque en una hectárea. Estas condiciones la cumplen quienes ya se han quedado con buena parte de la tierra: los narcotraficantes.

Por eso es importante una nueva negociación y propongo la extinción de dominio sobre seis millones de hectáreas del narcotráfico, para trasladarlas a los campesinos y pequeños y medianos empresarios. Además, salvaguardar doce millones de hectáreas en zonas de reserva de producción alimenticia fuertemente subsidiadas por el Estado. Esto significaría alimentos baratos para seis millones de colombianos que padecen hoy algún tipo de desnutrición. Sólo así podemos hablar de trato justo, sin mafias de por medio.

Gustavo Petro